Madrid, 19 de septiembre de 2013
La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), que aglutina a profesionales madrileños de distintos sectores de la Salud Pública, ve con preocupación las nuevas declaraciones del gobierno de la Comunidad de Madrid para modificar la Ley del tabaco (Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010). Ante la evidencia de las ventajas (hoy en día evaluadas y cuantificadas) que ha supuesto la entrada en vigor de la mencionada ley y el consenso existente entre sociedad y profesionales en contra de la propuesta de su modificación: AMaSaP se manifiesta una vez más en contra de una potencial modificación de la ley que, por el beneficio de unos pocos, se permita fumar en casinos, lugares de juego o cualquier otro lugar público,
poniendo en riesgo la salud de muchas personas.
Diferentes informes publicados por la Comisión Europea, por sociedades científicas de nuestro país, e incluso por la propia Consejería de Sanidad de Madrid, valoran positivamente el impacto en salud de las leyes antitabaco aprobadas; cifrándose en una reducción del 46% de los no fumadores a la exposición al humo de los cigarrillos.
En España la exposición al tabaco descendió hasta un 70% entre clientes de bares y restaurantes entre 2009 y 2012. Se estima que de los 79.000 adultos fallecidos por el tabaco en 2002, 2.000 murieron por la exposición al tabaco en su puesto de trabajo. Pero es que la ley también protege a los fumadores; desde su entrada en vigor se incrementa cada año el porcentaje de fumadores que intenta abandonar el hábito tabáquico, desde un 25% en 2009 hasta un 36% en 2013.
La normativa vigente sobre el tabaco ha producido mejoras en la salud de fumadores y no fumadores, no ha tenido repercusiones económicas negativas sobre los locales de
ocio, y ha sido aceptada y valorada positivamente por la población. No hay por tanto ningún argumento para permitir excepciones en casinos y locales de juego salvo las exigencias del Sr. Adelson y los intereses económicos del gobierno regional.
La Asociación AMaSaP cree que el volver a permitir fumar en locales públicos es un retroceso por lo que supone de apertura de una puerta a futuras exigencias de otros colectivos y por la pérdida de todas las mejoras conseguidas durante este tiempo.
La Administración, y sobre todo la Administración Sanitaria tienen la obligación de proteger la salud de la población y no anteponerla a intereses económicos poco claros.