Desde la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) hemos presentado nuestras aportaciones a la consulta pública del proyecto de Real Decreto que busca mejorar la calidad nutricional y sostenibilidad de la alimentación ofrecida por la Administración Pública, especialmente en centros para personas dependientes o con necesidades especiales.
Celebramos esta iniciativa, pero consideramos que debe reforzarse para ser una herramienta verdaderamente transformadora, con un enfoque inequívoco en la salud pública, la sostenibilidad y la equidad.
Entre nuestras principales aportaciones destacamos:
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Incluir con claridad la epidemia de obesidad infantil como uno de los principales problemas en relación con la alimentación, citando evidencias como el estudio ALADINO.
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Sustituir la expresión “dietas deficientes nutricionalmente” por “dietas inadecuadas nutricionalmente”, para reflejar tanto los déficits como los excesos perjudiciales de nutrientes como azúcares, sal o grasas trans.
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Reforzar el lenguaje del texto estableciendo que la incorporación de criterios de seguridad alimentaria, sostenibilidad y proximidad no es opcional, sino obligatoria, especialmente en el caso de la seguridad alimentaria.
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Señalar que la garantía de una alimentación adecuada debe extenderse a todos los servicios públicos sociosanitarios, y no solo a colectivos vulnerables.
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Incorporar conceptos más precisos como “determinantes sociales, comerciales y ambientales de la salud”, en lugar de la noción más limitada de “factores de riesgo”.
En cuanto a la implementación, proponemos diversas medidas que consideramos necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos del decreto:
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Crear un cuerpo de vigilancia específico o reforzar las inspecciones ya existentes para controlar el cumplimiento de los contratos alimentarios.
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Evitar las bajas temerarias en las licitaciones, especialmente en materia de alimentación.
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Establecer criterios de evaluación claros y exigentes en los concursos públicos, incluyendo indicadores de resultados y trazabilidad de la cadena de proveedores.
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Garantizar que las subcontrataciones cumplan con las mismas obligaciones que la empresa adjudicataria.
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Fomentar la transparencia y la participación, promoviendo la creación de órganos donde puedan participar usuarios, familiares, ONG, asociaciones de pacientes y productores locales.
Para AMaSaP, este Real Decreto debe convertirse en una palanca clave para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, saludable y sostenible desde el ámbito público, especialmente en espacios tan sensibles como los centros educativos, residencias, hospitales y servicios sociosanitarios.