Desde AMaSaP hemos participado en el proceso de consulta pública del futuro Reglamento que desarrollará el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Lo hacemos desde nuestro compromiso con una salud pública equitativa, inclusiva y plenamente respetuosa con los derechos humanos.

Pese a la vocación universal expresada en la exposición de motivos del RDL 7/2018, en su aplicación se han documentado múltiples barreras al acceso efectivo a la atención sanitaria de personas en situación de vulnerabilidad, derivadas de interpretaciones restrictivas y desiguales entre comunidades autónomas. Esta realidad contradice tanto el espíritu de la norma como otros marcos jurídicos de obligado cumplimiento, como la Ley 15/2022 de igualdad de trato, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En nuestras aportaciones al futuro Reglamento, subrayamos la necesidad de que este:

  • Clarifique el procedimiento de acreditación del derecho a la atención sanitaria para personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, reconociendo efectos desde el momento de cumplimiento de requisitos y garantizando vías alternativas de acreditación en casos de especial vulnerabilidad.

  • Exima de requisitos documentales a mujeres embarazadas y menores de edad, garantizando su derecho a atención con cargo a fondos públicos en igualdad de condiciones.

  • Reconozca sin ambigüedad el derecho de solicitantes de protección internacional, víctimas de trata y de violencias sexuales a una atención sanitaria adecuada desde el momento de su detección, sin condicionantes administrativos o jurídicos adicionales.

  • Incluya expresamente la atención sanitaria urgente hasta el alta médica, evitando la facturación a las personas sin recursos, en línea con los compromisos internacionales suscritos por España.

  • Garantice la atención a enfermedades crónicas, problemas de salud mental y Enfermedades de Declaración Obligatoria, no solo como cuestión de equidad, sino de salud pública.

  • Restituya el derecho a la atención sanitaria de las personas ascendientes reagrupadas, injustamente excluidas del sistema sanitario pese a décadas de vida en España y múltiples pronunciamientos judiciales a su favor.

Entendemos que el Reglamento del RDL 7/2018 debe ser una oportunidad para cerrar la brecha entre el derecho reconocido y el acceso real a la atención sanitaria, y avanzar hacia un sistema verdaderamente universal, sin exclusiones ni discriminaciones.